La agente fiscal Fátima Girala logró que el Tribunal de Sentencia, integrado por la presidenta Lourdes Garcete y los miembros Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, dicte una condena de dos años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución por el plazo de cinco años, contra un hombre hallado culpable del hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario.
La decisión judicial establece, además de la suspensión de la pena, varias obligaciones para el condenado. Entre ellas, se dispone el pago de una suma mensual de G. 350.000 como reparación social, que deberá ser abonada. A esto se suma la ratificación de la obligación de abonar la suma de G. 500.000 en concepto de pensión alimentaria a favor de su hija de 4 años de edad. En total, el condenado deberá desembolsar mensualmente la suma de G. 850.000.
El Ministerio Público logró probar, con grado de certeza absoluta, la autoría del hecho punible. Durante el juicio oral y público, se presentaron diversas pruebas testificales y documentales que confirmaron el incumplimiento de la obligación alimentaria hacia la niña.